El gobernador habló de delito de sedición por parte de los manifestantes. Tras los enfrentamientos hay vigilia en espera del hallazgo del joven desaparecido a mediados del mes pasado.
El lunes hubo una calma tensa en la localidad de Nueva Pompeya tras la batalla campal de pobladores wichíes con efectivos de la Policía de la Provincia y la destrucción del Juzgado Multifueros. El hecho que desencadenó la violencia fue la aparente falta de respuestas por la desaparición de un adolescente de la comunidad aborigen el 14 de febrero.
Pese a que los múltiples reclamos de los pobladores y familiares del joven se fueron realizando cotidianamente hubo un crecimiento en la tensión, ya que el correr de los días sin tener novedades del paradero se transformó en reclamo airado que incluyó cortes de los accesos del pueblo y otras acciones directas por parte de la comunidad.
Cuando las manifestaciones se hicieron ostensibles y hubo incidentes entre los manifestantes y personas que pretendían cruzar los piquetes, ya había llegado marzo y recién el jueves 2 una delegación de funcionarios del Gobierno provincial, encabezados por la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, visitó la localidad y comprometió los medios para esclarecer los hechos.
Tras la infructuosa búsqueda, que según las autoridades incluyó los medios tecnológicos con uso de drones térmicos y la división canes, se llegó al fin de semana en que la pretensión de los familiares que el único imputado por la desaparición de Salustiano informe sobre el paradero, se transformó el violencia.
El sábado atacaron la comisaría del pueblo porque creyeron que el “criollo” detenido estaba en esa dependencia, pero ya había sido trasladado a otra localidad.
El domingo la violencia fue más fuerte. Atacaron todo símbolo de autoridad estatal: el Municipio, la Comisaría y la sede del Juzgado Multifueros, que incluso fue quemado.
La respuesta del Gobierno fue multiplicar la presencia policial y la represión que terminó con una veintena de manifestantes detenidos y más de 40 heridos, entre movilizados y efectivos de las fuerzas de seguridad.
El domingo hubo una sesión de apuro del Superior Tribunal de Justicia que dispuso hábeas corpus para los detenidos. El lunes el gobernador Jorge Capitanich anunció una investigación a fondo sobre todos los hechos y advirtió que el levantamiento estuvo a cargo de “grupos movidos por un interés político para generar caos y estrépito social” y adelantó que promoverá “la creación de una comisión de investigación en la Legislatura, que investigue el delito de sedición”.
También volvió a enviar una delegación de funcionarios para que negocien con los manifestantes y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, aseveró: “Los derechos humanos de los manifestantes y la población están garantizados”. La fuerte presencia policial y la represión hicieron volver la calma, pero Salustiano Giménez sigue desaparecido.