{"id":1257,"date":"2024-01-19T11:52:06","date_gmt":"2024-01-19T11:52:06","guid":{"rendered":"http:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/?p=1257"},"modified":"2024-01-19T11:52:06","modified_gmt":"2024-01-19T11:52:06","slug":"polemica-por-la-ley-que-obliga-a-los-presos-a-usar-uniformes-con-colores-segun-su-peligrosidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrientesdelnea.com.ar\/index.php\/2024\/01\/19\/polemica-por-la-ley-que-obliga-a-los-presos-a-usar-uniformes-con-colores-segun-su-peligrosidad\/","title":{"rendered":"POL\u00c9MICA POR LA LEY QUE OBLIGA A LOS PRESOS A USAR UNIFORMES CON COLORES SEG\u00daN SU PELIGROSIDAD"},"content":{"rendered":"\n

La medida, incluida en la nueva ley de Ejecuci\u00f3n de la Pena aprobada en diciembre pasado, fue confirmada por el ministro de Seguridad de la provincia. Fuertes cr\u00edticas de organismos de Derechos Humanos y especialistas: “Es volver al traje a rayas”<\/p>\n\n\n\n

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Una ley aprobada en diciembre sobre la ejecuci\u00f3n de la pena de las personas privadas de la libertad en Santa Fe gener\u00f3 pol\u00e9mica en las \u00faltimas horas, especialmente por la decisi\u00f3n del gobierno de esa provincia de que los internos usen uniformes diferenciados.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 24 de la legislaci\u00f3n, aprobada en diciembre por ambas c\u00e1maras provinciales, establece un c\u00f3digo de vestimenta que, en alguno casos, consta del uso de una ropa determinada. “La reglamentaci\u00f3n determinar\u00e1 en qu\u00e9 casos ser\u00e1 obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados seg\u00fan la situaci\u00f3n legal, el nivel de seguridad, la zona de circulaci\u00f3n asignada o las tareas que el interno desempe\u00f1e”, dice un fragmento de la ley.<\/p>\n\n\n\n

Horas atr\u00e1s, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirm\u00f3 a la prensa local que m\u00e1s temprano que tarde se cumplir\u00e1 con esta flamante normativa para los 9.000 detenidos alojados en unidades penales santafesinas y explic\u00f3 las razones. “Llegar\u00e1 el momento en que todos tengan un uniforme diferenciado. Vamos a empezar por distintas categor\u00edas. El uniforme te sirve para establecer a d\u00f3nde va cada preso dentro de la din\u00e1mica carcelaria, el que puede pasar esa puerta para ir a un taller, para ir a una escuela… uno tiene que poder visualizarlo”, coment\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El funcionario adelant\u00f3 que la decisi\u00f3n es parte de “una transformaci\u00f3n muy severa en las condiciones de detenci\u00f3n con herramientas de control mucho m\u00e1s potentes”. Detall\u00f3 que la ley “permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado seg\u00fan al sector al que pertenecen. Si trabaja o no, si es de alta, media o baja peligrosidad, seg\u00fan el tipo de delito”, y justific\u00f3 al explicar que, seg\u00fan su criterio, permitir\u00e1 “una mejor visualizaci\u00f3n y control de lo que ocurre”.<\/p>\n\n\n\n

 
Si bien la ley a\u00fan no fue reglamentada y, como consecuencia, no existen a\u00fan los par\u00e1metros de tipos de uniformes y colores que se usar\u00edan, la medida ya recibi\u00f3 cr\u00edticas de organismos de Derechos Humanos y especialistas en materia de derecho penal.<\/p>\n\n\n\n

Matilde Bruera, diputada peronista con mandato cumplido en diciembre pasado, ex integrante de la comisi\u00f3n de Derechos y Garant\u00edas de la Legislatura y profesora titular de la c\u00e1tedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, consider\u00f3 la decisi\u00f3n como “rid\u00edcula” y remarc\u00f3 que, adem\u00e1s de inofensiva, es estigmatizante para los presos.<\/p>\n\n\n\n

“En general la legislaci\u00f3n internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o est\u00e1 deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si \u00e9l lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derog\u00f3 hace muchas d\u00e9cadas en el pa\u00eds”, explic\u00f3 Bruera a Infobae.<\/p>\n\n\n\n

Roberto Pettinato (padre), director general de Institutos Penales de la Naci\u00f3n Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableci\u00f3 en 1947 el fin del traje a rayas por ser considerado estigmatizante y mejor\u00f3 el sistema penitenciario. En 1983, con el retorno de la democracia, se tom\u00f3 la misma decisi\u00f3n en Provincia de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

“Nunca cre\u00ed que \u00edbamos a llegar a semejante cosa. El discurso del Ministerio es que esto permite mejorar el manejo de las c\u00e1rceles porque permite diferenciar a simple vista la categor\u00eda de peligrosidad de los presos. Es rid\u00edculo, los presos no son tontos. Si consiguen que les vendan celulares, \u00bfc\u00f3mo no van conseguir que les cambien el traje?”, agreg\u00f3 Bruera, e incluso analiz\u00f3 la cuesti\u00f3n desde el punto de vista financiero. “\u00bfCu\u00e1nto salen los uniformes, tenerlos en buen estado y limpios? En cualquier momento les ponen grilletes”, se pregunt\u00f3 e ironiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

“Si bien es comprensible la pretensi\u00f3n de mayor seguridad al interior de las c\u00e1rceles, ya que el autogobierno predispone las violaciones de DD.HH, hay analizar en qu\u00e9 medida ser\u00eda razonable el establecer uniformes, y sobre todo uniformes que diferencien en categor\u00edas a los presos dentro de un mismo establecimiento”, coincidi\u00f3 Kevin Nielsen, integrante de la Asociaci\u00f3n de Pensamiento Penal, y agreg\u00f3: “Esto puede tener un efecto discriminatorio, segregativo y atentar contra los esfuerzos para reintegrar al condenado, es decir, puede ser contraproducente”.<\/p>\n\n\n\n

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tambi\u00e9n criticaron la medida, a la que consideraron “un retroceso absoluto que no est\u00e1 justificado”. Para Macerana Fern\u00e1ndez Hofmann, es una decisi\u00f3n discriminatoria y estigmatizante. “Es un trato humillante que no hace falta. Existen otras formas para controlar la circulaci\u00f3n de los presos y le da poder discrecional al Servicio Penitenciario, que es \u2018necesario\u2019 para la comisi\u00f3n de delitos dentro de la c\u00e1rcel, porque si no hubiera connivencia del Servicio no habr\u00eda hechos delictivos en los penales”.<\/p>\n\n\n\n

Presos de “alto perfil”<\/p>\n\n\n\n


La nueva legislaci\u00f3n tambi\u00e9n establece la designaci\u00f3n de presos de “alto perfil”. Quedar\u00e1n comprendidos en este grupo aquellos que tengan participaci\u00f3n o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotr\u00e1fico; existencia de indicios de participaci\u00f3n en atentados, actos de fuerza, agresi\u00f3n o amenaza hacia los poderes p\u00fablicos, o en hechos de violencia hacia particulares; antecedentes de evasi\u00f3n, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria; participaci\u00f3n en mot\u00edn o tumulto o, incluso, “disponibilidad de recursos humanos, econ\u00f3micos, financieros, materiales, log\u00edsticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.<\/p>\n\n\n\n

La ley tambi\u00e9n establece que el Gobierno deber\u00e1 construir c\u00e1rceles espec\u00edficas para este tipo de internos y las normas de trato para presos de alto perfil pueden ser aplicadas de forma discrecional y a la poblaci\u00f3n penitenciaria com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

La medida fue criticada por el CELS, desde donde consideraron que “como las determinaciones de quienes pueden ingresar a este r\u00e9gimen especial son discrecionales, puede ser utilizado como un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n que afecta no solamente a jefes de bandas de criminalidad organizada sino tambi\u00e9n cualquier detenido que as\u00ed lo determine el servicio”.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el ministro Cococcioni, “en el primer escal\u00f3n de peligrosidad tenemos entre 200 y 300 personas”, aunque aclar\u00f3 que la provincia no est\u00e1 en condiciones edilicias de hacer esta diferenciaci\u00f3n. En ese sentido, Bruera remarc\u00f3 que hay “3.000 presos m\u00e1s que lo que permite la capacidad de las c\u00e1rceles”.<\/p>\n\n\n\n

“Los pondr\u00edan bajo un r\u00e9gimen especial que no existe en ninguna ley de todo el pa\u00eds, y es mucho m\u00e1s duro, con un aislamiento de hasta 30 d\u00edas y requisas exhaustivas que corren los l\u00edmites de lo que est\u00e1 regularizado por la ley”, consider\u00f3 Fern\u00e1ndez Hoffman, quien opin\u00f3 que esta decisi\u00f3n “viola derechos como el contacto con la familia, ciertas violencias del Servicio autorizadas”.<\/p>\n\n\n\n

Para la especialista, la calificaci\u00f3n de qu\u00e9 preso es de “alto perfil” es discrecional: “Pueden ser marcados como de alto perfil si protestan, y muchas veces las protestas son por el estado de la comida”. Seg\u00fan entiende Fern\u00e1ndez Hoffman, detr\u00e1s de la idea puede haber una carta blanca para darle poder discrecional al Servicio para llevar a la c\u00e1rcel a un r\u00e9gimen extremo. “Y sobre todo no va a solucionar el problema si funciona para cualquier preso”, aclar\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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